El total de inversiones ejecutadas en 2025 llega al 48’14% frente al 34’51% de 2022
El Ayuntamiento de Elche roza el 70% del nivel de ejecución contratada a lo largo del año 2025. En concreto, se ha alcanzado el 68´47%, mientras que el total de las inversiones ejecutadas han llegado al 48’14% durante el pasado ejercicio.
El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha señalado que estos datos de 2025 mejoran los registros del año 2022, el último gestionado de manera íntegra por el anterior gobierno municipal, cuando el nivel de ejecución se situó en el 34’51%, lo que en palabras del responsable del área refleja una evolución positiva en la gestión.
“Esto demuestra una economía saneada, a lo que se suma un nivel alto de inversión en la calle u responsabilidad financiera”, ha apuntado Soler.
En el pleno ordinario del mes de marzo también se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2025. De esta forma, el edil de Estrategia Municipal ha indicado que el resultado consolidado del Ayuntamiento y sus organismos dependientes arroja un superávit de 238.000 euros, cumpliendo con las reglas fiscales establecidas por el Ministerio.
Respecto al nivel de endeudamiento municipal, la deuda oficial se sitúa en el 25,99%, mientras que la deuda real con entidades bancarias es del 13,07%, y que se traduce en ¡un nivel de endeudamiento normal en comparación con el alto volumen de inversión llevado a cabo por este gobierno municipal.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Elche sigue adelante con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regular y restringir la implantación de plantas fotovoltaicas en el término municipal. De esta forma, compatibilizar el impulso de las energías renovables con la protección del territorio, el paisaje y el patrimonio del Camp d’Elx.
El pleno acuerda someter a información pública la modificación puntual del PGOU para la regulación de la instalación de plantas fotovoltaicas
En este sentido, se ha acordado con los votos a favor del gobierno municipal y la abstención de los grupos de la oposición, someter a exposición pública esta modificación puntual nº43 del PGOU para su posterior aprobación inicial en el pleno y el traslado a Conselleria para el ok definitivo.
Según Soler, “ante la inexistencia de una regulación específica para controlar la instalación de plantas fotovoltaicas, este gobierno municipal trabaja para proteger el campo y las zonas naturales y patrimoniales y evitar la implantación indiscriminada de grandes plantas solares en zonas sensibles”.
Así, la regulación establece determinadas zonas donde las plantas fotovoltaicas estarán prohibidas para proteger el entorno. Es el caso del suelo no urbanizable protegido, huertos dispersos de palmera, saladares y carrizales, infraestructura verde, zonas vinculadas al aeropuerto o a infraestructuras estratégicas, montes públicos y áreas protegidas del litoral según el PATIVEL. Además, se excluye el ámbito de desarrollo del “Porta d’Elx”.
También se determinan una serie de limitaciones en las zonas donde sí se permita su implantación. En concreto, en suelo no urbanizable común se establece que no podrán instalarse a menos de 1.000 metros del litoral, no se permitirán en parcelas con pendiente superior al 25 %, la ocupación máxima de la parcela será del 50% y la superficie libre deberá permitir inscribir un círculo mínimo de 20 metros de diámetro.
Las plantas fotovoltaicas deberán respetar una distancia mínima de 100 metros respecto a viviendas existentes; suelo urbano o urbanizable residencial; equipamientos públicos; instalaciones turísticas, recreativas o culturales y el cauce del río Vinalopó y barrancos. Asimismo, la distancia será de 500 metros respecto a los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Relevancia Local (BRL) y espacios naturales protegidos, salvo estudios que reduzcan la distancia.
Asimismo, no se permitirá su implantación sobre cultivos emblemáticos como el melón de carrizal, el dátil de Elche o la granada mollar; será obligatorio un estudio de integración paisajística y medidas de integración ambiental, además se establecen medidas para proteger acuíferos, biodiversidad y entornos forestales.
Desde Vox, su portavoz adjunto Samuel Ruíz ha asegurado que “ante un problema que afectaba al camp d’Elx, vecinos y sector agrario, hemos puesto orden con el objetivo de que convivan todas las realidades porque estamos a favor de las instalaciones fotovoltaicas, pero ante todo de la gente del campo ilicitano”.